¿Por qué gastar más de 12 millones de euros para recuperar un parking cuando el pleito en primera instancia lo había ganado el ayuntamiento?
Tras la aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento de la mediación intrajudicial por el que se recupera, previo pago de 12.485.000 euros, el aparcamiento del Palmeral de Faro de Maspalomas (Parking Maspalomas), con los votos favorables del Partido Popular-AV, la abstención del PSC y la oposición de Nueva Canarias y Unidos por Gran Canaria, la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana debería tener alguna información y compartir una reflexión con el/los firmantes de esta carta, concejales de Nueva Canarias en el Ayuntamiento.
Resulta que en el año 1997, el Ayuntamiento sacó a licitación la construcción y explotación de un edificio de aparcamientos en la zona del Faro de Maspalomas, aparcamientos que ampliarían enormemente la falta de estacionamientos y paliaran el déficit producido por la peatonalización de todo el entorno del Faro que, como recordarán, transformamos en una valiosa plaza y espacio públicos donde antes solo habían guaguas y coches particulares.
Una empresa privada, licitó en competencia con otras, y se adjudicó la obra de construcción y explotación del edificio para prestar el servicio por un periodo de cincuenta años.
Por diversas razones, ciertas unas, falsas otras o discutibles algunas, la empresa ha denunciado que el negocio no le es rentable y ha llevado el contrato ante los tribunales reclamando la rescisión del mismo y el pago de más de 17 millones de euros. El Ayuntamiento ha ganado el pleito en primera instancia, y no obstante esto, el Grupo de Gobierno se ha sentado a negociar y ha convenido recuperar el edificio por un precio superior a 13 millones de euros, de los que descuentan las deudas por impago del canon y los impuestos lo que da como resultado el importe reseñado al comienzo de este escrito, y comprometiéndose a entregar a la referida sociedad más de doce millones de euros de las arcas públicas.
La única razón que se puede intuir de la lectura del expediente administrativo sometido al pleno municipal es el del incierto resultado final del pleito judicial, siguiendo el principio del refrán popular “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”. No hay otro argumento a la vista, absolutamente ninguno, sobre el que se pueda sostener tan importante acuerdo plenario.
Y aquí empieza nuestra reflexión:
1.- Teníamos entendido que cualquier resolución firmada o propuesta de acuerdo que se somete a los órganos del gobierno municipal debiera tener una motivación clara y nítidamente expresada a los efectos de justificar, sostener y hacer entender las razones de dicha propuesta. Aquí, a pesar de tan importante asunto, ni la hay ni se la pudo sacar de la boca al alcalde Marco Aurelio en el debate plenario del mes pasado. Y eso en la legislación vigente tiene una consecuencia jurídica clara, la del viciado del procedimiento y anulabilidad del acuerdo tomado.
2.- Si no había motivación, ¿en base a qué argumentos votaron los concejales de su grupo PP-AV este rescate?. Salvo mejor suposición intuimos que exclusivamente en base a la confianza en el buen hacer de su jefe. Y deben tenerla grande porque las consecuencias de una decisión tan gorda pasan por la responsabilidad política y patrimonial de los que votaron afirmativamente el acuerdo del pleno.
3.- Si el Ayuntamiento, en apariencia y en primera instancia, tiene encarrilado el proceso judicial ¿por qué atreverse a negociar un acuerdo de tantos euros sin el respaldo de una resolución judicial o el soporte de un expediente administrativo fuertemente armado en lo argumental y en lo jurídico? En nuestra apreciación no basta con acumular papeles con informes y estudios varios, algunos de ellos cuestionables por su procedencia y otros susceptibles de controversia, y repartir la responsabilidad entre concejales, sometiéndolo al debate plenario, para dar la apariencia de buena decisión. El tema es mucho más serio y complejo que esa suma de folios, respetable pero insuficiente.
4.- También es cuestionable que fuera el pleno de la corporación quien asumiera la aprobación de lo pactado, por cuanto uno de los informes del departamento jurídico municipal indicaba que el órgano competente era la Junta de Gobierno Local, dado que fue éste quien en el origen, acordó la adjudicación del concurso origen del contrato.
5.- Y ahora qué?, nos preguntamos desde Nueva Canarias. Dice el alcalde que, una vez recuperado el edificio, se procederá a una nueva licitación y que será otra empresa la que continúe con la gestión de los aparcamientos, liberando así al ayuntamiento de su control y explotación. Como el argumento así expresado es muy poco verosímil. Si para la empresa que se va el negocio no era rentable. Lo apoya en la pretensión de aumentar al espacio de la superficie comercial del lugar susceptible de ser explotada. Tenemos que recordar que allí hay locales comerciales que no han resistido la explotación de actividad alguna. Y todos hemos visto que se ha intentado a lo largo de este tiempo. Pero además, pero para que eso ocurra, para que se aumente el comercial hará falta aprobar el Plan General de Ordenación, que en el mejor de los casos ocurrirá en dos o tres años.
Y ¿mientras tanto? ¿Y si eso no ocurre y la licitación no se produce por razones diversas (impugnaciones de pliego, retrasos administrativos, limitaciones de la normativa ambiental vinculante) o queda desierta la adjudicación? ¿Qué hará el Ayuntamiento?, Que no nos digan que poner trabajadores municipales a explotarlo porque nos morimos de risa con solo pensarlo. Tal vez cerrarlo indefinidamente y, como el edificio es tan permeable y tiene tantos huecos abiertos, de seguro que pasados unos meses seria el espacio ruinoso, sucio y lleno de indigentes más visto en las webs del mundo turístico.
Para concluir, no queremos ser malpensados y perseverar en la creencia de que esta decisión obedece a intereses exclusivamente generales y loables y, es más, deseamos que la misma se demuestre acertada con el paso del tiempo. Pero lo que sí está claro es que la responsabilidad de los que la han negociado y la de los que la han votado es muy grande. Tanto por el costo económico que supone a las arcas del ayuntamiento, como por la dudas que genera la propia decisión tomada o por lo incierto del futuro de aquel espacio bajo la tutela de esta mal llamada administración. Y todos y todas sabemos a qué nos referimos.
Y, por supuesto, todo ello sin debatir cuántas y buenas cosas se podrían hacer con esos doce y pico millones de euros destinados a mejorar nuestras calles, nuestros colegios, la zona turística, el nuevo ayuntamiento o los servicios públicos locales,... que de eso estamos muy faltos y necesitados, por los que desde Nueva Canarias apostamos y que si que son decisiones valientes y con apoyo político y social suficiente
Grupo Municipal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
